Fernanda Callejas-Red de Mujeres Migradas y Racializadas de Euskalherria
Jatou Fall-CNAAE (Comunidad Negra Africana Afrodescendiente en Euskadi)
¿Qué ha motivado la puesta en marcha de esta campaña por la regularización?
Fernanda: Desde el 2020, cuando comenzó el confinamiento, comienzan a ser más obvias las desigualdades, que ya existían antes, pero en ese momento quienes nos quedamos fuera de las medidas estatales puestas en marcha para sobrellevar la crisis sanitaria fuimos quienes estábamos en situación administrativa irregular. Ya habíamos estado organizadas para “acuerparnos”, siempre tenemos organizaciones en las cuales sostenernos. Dentro de esas organizaciones estaban los colectivos de “12 de octubre nada que celebrar”, a nivel estatal. Vimos lo que estaba sucediendo en Portugal y dijimos vamos a lanzar una campaña por Twitter a ver quién responde. Hubo mucha respuesta y de ahí surge el movimiento Regularización Ya. Dentro de este movimiento de colectivas migrantes en todo el estado también estaba el Movimiento Antirracista de Euskal Herria que había lanzado un comunicado después de todas las violencias que se estaban viviendo en el barrio de San Francisco y dentro de la comunidad migrante residente del País Vasco. Se envió una carta al gobierno con todas las demandas (cierre de los CIES, regularización, ingreso vital mínimo, etc.) y también se hizo una propuesta no de ley que fueron rechazadas y no obtuvimos respuesta. Ahora estamos con la campaña de la ILP con la que nos toca pedir derechos, que por el simple hecho de ser personas nos deberían corresponder, y recolectar 500.000 firmas de ciudadanos y ciudadanas españolas con DNI y mayor de 18 años…
Jatou: Ellos nos tienen que avalar que podamos tener derechos, es un poco…
¿De qué cifras y de qué tipo de colectivos estamos hablando?
Fernanda: Aquí en País Vasco un cálculo aproximado es que estamos como 10.000 personas en situación administrativa irregular. Según Ikuspegi, teniendo en cuenta a quienes están empadronados, el primer lugar eran compañeros provenientes de Marruecos, Colombia, Nicaragua, Rumania, Bolivia quienes se encuentran en los primeros lugares de población de origen extranjero. Luego desde un colectivo de feminista nicaragüenses exiliadas vimos que de las mujeres migrantes empadronadas en situación irregular ocupan el primer lugar las nicaragüenses. Esas mujeres que no se ven, pero que están en las casas trabajando de internas… Un trabajo que conlleva violencia tanto física como psicológica y, obviamente, laboral. Y eso sí que es ilegal, es ilegal tener a una mujer bajo un régimen de trabajo del hogar, cuidando a una persona totalmente dependiente. Estas mujeres además de gestionar el trabajo de hogar, están realizando cuidados que deberían ser remunerados ya que también son sociosanitarias. Todas estas violencias se dan gracias a la irregularidad a la que somos sometidas con el amparo de una ley anti derechos de extranjería, y la necesidad con la que salimos de nuestros países, mismas necesidades que se agudizan al estar en un abandono institucional en los países mal llamados de acogida….
Porque no podemos dejar de lado la corresponsabilidad tanto de los estados de origen como los de llegada. Porque estamos cubriendo una crisis de cuidados que debería solventar el Estado Español quien a propósito se vio obligado a crear una Ley de la Dependencia, pero que debido a la incapacidad del mismo de financiar y/o aplicarla correctamente se beneficia de la explotación de la mano de obra migrante y de los cuerpos de nosotras las mujeres en situación administrativa irregular. Luego está el estado de origen. En Nicaragua, por ejemplo, el segundo ingreso a la economía son las remesas. Solo en 2019 150 mil millones de dólares fueron percibidos en remesas de todas las y los nicaragüenses que están fuera de su país. Es un estado que exporta mano de obra barata y esta misma dinámica se replica en todos los países del sur global. Es lo que nos queda, porque nuestros recursos están siendo explotados para el bienestar de otras sociedades, las del norte global. Nosotras salimos porque nos roban nuestros derechos allá y venimos aquí para ser explotadas. Es una mafia a la que me gusta llamar la industria del Desplazamiento porque no es nada más que eso. La migración no es realmente voluntaria y nos hemos acostumbrado a mal llamarlas “migraciones económicas” y entonces dejamos de ser personas refugiadas, personas desplazadas, y dejamos de… porque no hay violencia “armada”, pero ¿qué es violencia para los estados cuando un estado te está diciendo que tienes que salir? Las centroamericanas tenemos un dicho que para nosotras es gracioso pero que tiene mucho peso político: todas las centroamericanas nacemos con un espacio en las filas de la inmigración, porque sabemos que nos vamos a tener que ir. Y llegamos a estos nortes a seguir peleando por nuestros derechos. Allí estamos acostumbradas a luchar con uñas y dientes por nuestros derechos. Y llegas acá y te quitan las uñas y te quitan los dientes. Y para volvértelos a poner tienes que conseguir 500 mil firmas para ver si te dan un permiso de trabajo y uno de residencia. Es como que… es cansado.
¿Cómo afecta y qué efectos tiene el hecho de estar en situación irregular administrativa?
Jatou: En muchos. Un campo muy invisibilizado es el de la salud mental que no se suele tener en cuenta. Es un campo invisibilizado en todas partes, y más dentro de la población migrante. Sales a la calle y corres el riesgo de ser deportado, tienes ese miedo, hay gente que apenas sale…van a lo básico y vuelven. Por supuesto no te pueden detener por no llevar la documentación encima, pero sí que es verdad que en cuanto a vulneración de derechos muchas veces cuando vas por la calle y te hacen ese perfilamiento étnico-racial siempre caemos nosotras. También la educación, el acceso a la vivienda porque no tienes un contrato que te pueda avalar, el acceso a los derechos básicos. Tratándose España de un estado social y democrático de derechos creo que no se puede permitir que haya personas que estén, como decía Fernanda, contribuyendo a las arcas del estado, pero a la vez no tengan derechos. Es como os necesitamos para la economía, pero hasta ahí, no pidáis más porque no os vamos a dar más.
¿Cómo creéis que la sociedad vasca percibe esta propuesta de regularización y hasta qué punto la aprueba?
Jatou: Pues eso es curioso, porque según un informe que hizo la universidad Carlos III de Madrid más del 70% de la población española ve bien que se haga una regularización. Pero es el miedo del gobierno. Por supuesto se han hecho regularizaciones antes. Yo a veces pienso… ¿pero por qué estamos teniendo un debate de dar derechos a las personas? ¿eso es un debate realmente? Pero, claro, ¿a qué personas toca? Porque por supuesto si toca a personas blancas ese debate no estaría, no habría que hablar sobre esto, no habría que recoger firmas. Pero si nos toca a personas no blancas, entonces vamos a debatirlo, vamos a hacer estudios, vamos a mirarlo…
Se dice que venimos a quitar trabajo, pero a la vez a vivir de las ayudas del estado. Pero las personas extranjeras contribuyen más al estado de lo que reciben de ayudas. Hay muchos falsos mitos que hay que deconstruir y que son los que hacen que estemos en un berenjenal, con ciertas películas mentales en la cabeza que no termino de entender muy bien.
¿En qué beneficiaría la sociedad la regularización?
Fernanda: Al haber 500.000 personas en situación irregular administrativa contribuyendo a una economía sumergida que no genera impuestos directos a las arcas del estado. Desde ahí hay un déficit de gobernanza y un déficit de que la población en general, incluidas estas trabajadoras y trabajadores que están sin derechos, puedan aportar a que todas nuestras instituciones funcionen de una mejor manera, a que se acabe la desigualdad en el momento de poder decir sí o no a un trabajo. Esa autonomía que tienen las personas con un simple papel que pueden decir voy a ir a trabajar a otro lugar si me niegan mis derechos. Nos quieren sin derechos, porque es la manera que muchos empresarios, no la sociedad en general, se benefician, tanto en nuestros países con las transnacionales como aquí con nuestra mano de obra explotada.
Ahora vemos que celebramos lo que está pasando con nuestros compañeros y compañeras de Ucrania porque es su derecho tener refugio si su situación política es la que es. Pero, decimos: si es posible porque es su derecho, ¿porque no lo es para todas las personas? ¿por qué tienen que tener un perfil blanco, ojos azules, y que se acerquen mucho a Europa? ¿Por qué ellos sí tienen derecho a un permiso de trabajo y de residencia?
Todos los lunes vemos a nuestros pensionistas en las calles de Bilbao y su lucha por una pensión mínima, que es su derecho porque se lo han currado toda la vida. Y la respuesta es que no hay dinero ¿por qué no hay dinero? ¿De dónde vendría ese dinero? Somos 500.000 personas que estamos trabajando desde una economía sumergida, pero que podríamos contribuir si tuviésemos ese derecho a simplemente trabajar con los derechos básicos. Asumimos las responsabilidades, pero se nos niegan los derechos. Estamos aquí justamente porque es una cuestión de derechos humanos y de justicia social.
Jatou: De hecho, según ese informe de la Universidad Carlos III de Madrid la aportación media por trabajador regularizado incrementaría por encima de los 3.250 por persona y por año si esa persona estuviera regularizada. Son 3.250 personas y por año, tu multiplica eso. Es un beneficio lo mires por donde lo mires… por eso te decía que no entiendo por qué esto es un debate. Las personas que tanto se niegan a esto lo hacen por el tema económico. Pero por el tema económico es por donde más beneficios hay. Solo por tema económico… ahí no hay excusa.
Fernanda: Creo que lo dice hasta este partido que tanto nos odia, que dice que quiere acabar con la migración ilegal. Pues vale, que nos regularicen, ¡porque aquí estamos!
